Algunos Conceptos Básicos
Los Recursos Naturales y su Importancia Geopolítica
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LA ANDANADA PRIVATIZADORA

La escasez cada vez más acentuada del agua, la convierte, desde la óptica empresaria, en una mercancía de gran valor, y figura como tal dentro de los tratados comerciales acordados entre Estados Unidos, Canadá y México.

En un contexto mundial de escasez, derroches, ineficiencia y contaminación se prepara el caldo de cultivo ideal para que las trasnacionales del agua y sus inversionistas encuentren descaradamente «una oportunidad comercial óptima».

El diario canadiense The Globe and Mail auguró pocos años atrás que la privatización del agua sería la gran industria nacional del Canadá del siguiente decenio y que las inversiones en este sector se calcularían en decenas de millares de millones de dólares. El agua se está convirtiendo rápidamente en una industria empresarial mundializada. En su edición de Mayo 2000, la revista Fortune indicaba que, ante un mundo receloso de las fluctuaciones de la Bolsa en el sector tecnológico, el agua viene a ser la inversión del siglo. El Banco Mundial establece el valor del mercado actual en un billón de dólares; pero las posibilidades de lucro son infinitas, ya que por el momento, las empresas abastecen únicamente a un cinco por ciento de la población mundial.

Para las grandes empresas de los países industrializados, el control de los espacios geopolíticos de cualquier parte del planeta donde se encuentran grandes reservas de recursos estratégicos como el agua dulce, (en América del sur el acuífero Guaraní, el Raigón, la Amazonia, la Patagonia Argentina, la confluencia fluvial en la denominada Triple Frontera (entronque de los ríos Paraguay y Paraná), el lago Titicaca, entre las principales) se presentan como áreas de alto valor económico y geopolítico, pues los denominados “zares del agua dulce” han fijado sus objetivo en controlar, explotar y administrar dicho recurso como lo han hecho otros “zares” en las áreas petrolíferas y de gas natural, que en muchos casos se encuentran en extensas zonas que guardan, a su vez, gran reserva hídrica como es el caso de conocidos territorios del Medio Oriente.

Hay un grupo de corporaciones que controla hoy el agua a escala mundial. Es un negocio muy lucrativo que representa una enorme cantidad de dinero. Este negocio está monopolizado por tres corporaciones transnacionales: Suez Lyonnaise des Eaux y Vivendi, ambas de Francia, y la tercera es RWE, de Alemania. Las dos primeras controlan en la actualidad los dos tercios del mercado mundial del agua. Aunque por ahora sólo entre el 5 y el 7 por ciento de los servicios de agua ha sido privatizado y el resto permanece en manos públicas, las corporaciones apuntan a invertir completamente esta relación. Una vez que ellas toman el control de los servicios de agua establecen un modelo de producción cuyo único objetivo es la obtención del máximo lucro. En general la privatización del agua conduce a una pérdida muy apreciable en la calidad del servicio.

Antes de que la gente acabara de tomar conciencia de la dimensión que tiene la crisis del agua las corporaciones ya la habían previsto y formaron un cártel para apropiarse de ella. Estas poderosas alianzas tienen capacidad de influir enormemente en instituciones multilaterales como el Banco Mundial y en los bancos regionales de desarrollo. Es sabido, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional está presionando a los países que padecen una crisis monetaria y económica como el nuestro, para que -entre otras cosas- privaticen el agua como condición para liberar los créditos. También tienen una gran influencia en la definición de los acuerdos internacionales de comercio como la proyectada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que sus pretensiones queden incluidas en esos acuerdos y se tornen virtualmente irreversibles.

Los gobiernos están renunciando al control de las aguas que les compete administrar mediante su participación en esos acuerdos comerciales como puedan ser el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés), sucedido por el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Lo que hacen estas instituciones mundiales en realidad es darle a las grandes multinacionales un acceso sin precedentes al agua de los países signatarios.

Gracias al respaldo de estos acuerdos comerciales internacionales, las empresas tienen la mirada puesta en el transporte del agua a granel, mediante canales de desvío y grandes barcos petroleros. Varias empresas se encuentran desarrollando tecnologías para cargar grandes cantidades de agua potable en enormes sacos sellados que pretenden remolcar por vía marítima para su venta.

Todas las instituciones multilaterales de crédito, del comercio y de las finanzas estaban presentes en la última Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentable. En esa oportunidad las corporaciones lograron desnaturalizar la agenda prevista e impusieron su orden del día, con los puntos que le interesan a la OMC. Otro tanto hicieron en el reciente Foro Mundial del Agua celebrado en Kyoto. Allí participó, en su carácter de presidente del Panel Mundial para la Financiación Internacional del Agua, un viejo conocido de los argentinos, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus. El informe presentado por Camdessus fue duramente criticado por las ONG que asistieron al encuentro de Kyoto, pues abre las puertas a la participación de las compañías privadas en los servicios de suministro de agua dulce. Como el flujo mundial de fondos para atender la crisis del agua descendió a niveles muy bajos, el ex presidente del FMI sugiere -como siempre- que para revertir esa tendencia, las naciones en desarrollo deben atraer a capitales privados.

En los últimos tiempos, las corporaciones están cambiando la presentación en sociedad de su rapiña privatizadora, y ahora le llaman “iniciativa de asociación pública y privada”. Esta nueva modalidad es inclusive mejor para ellas, porque les garantiza que durante 30, 50 o 100 años estarán asociadas, por ejemplo, con un gobierno municipal y se podrán mantener en esa posición aún cuando no ofrezcan un buen servicio o la calidad del agua sea mala.

LA SOCIEDAD SE ORGANIZA EN DEFENSA DEL AGUA

La avanzada de las corporaciones ha generado sin embargo reacciones entre los movimientos sociales en todo el mundo

En el Tercer Foro Mundial del Agua, movimientos sociales de todos los continentes les dijeron "No" a los impulsores del modelo privatizador del agua en el mundo. Esto se expresó en una declaración realizada en Kyoto –donde se desarrollaba el foro- y que contó con la adhesión de más de 200 organizaciones sociales de todo el mundo.

A mediados de octubre de 2004 se llevó a cabo el Seminario Internacional sobre el Acuífero Guaraní cuyos documentos iniciales hacían referencia al agua como "mercancía" y abrían la puerta a su privatización. La activa participación en las discusiones de integrantes del Foro Social de la Triple Frontera produjo importantes cambios en la redacción del documento final conocido como "Carta de Foz de Iguazú". Fueron eliminados del mismo términos como "mercancía" y "privatización" y se dio al agua la categoría de derecho humano fundamental, derecho cultural y derecho social inalienable. Se introdujo además una declaración en la que se solicita que la reserva de agua subterránea contenida en el acuífero sea declarada bien público y protegida por los gobiernos y poblaciones de cada uno de los países bajo cuyo suelo se encuentra.

Conjuntamente con las recientes elecciones presidenciales del Uruguay, en las que se impuso la coalición de izquierda Frente Amplio, se realizó un plebiscito para reformar la constitución y declarar el agua y el servicio de saneamiento bienes públicos no sujetos a privatización. El pueblo uruguayo se pronunció masivamente a favor de esta opción.

El agua es un recurso natural que nos pertenece a todos, es además un bien escaso que debe ser administrado racionalmente y no puede quedar sujeto a las leyes del mercado. Creemos que este recurso vital no debe convertirse en una mercancía que se pretende vender al mejor postor, y que el acceso al agua potable para cubrir nuestras primeras necesidades constituye un derecho humano fundamental.

Se deben tomar medidas sin más tardar para declarar que las aguas son un bien público y poner en pie sólidas estructuras de reglamentación para protegerlas. El agua debe ser exonerada inmediatamente de todo acuerdo internacional, bilateral y de libre comercio e inversiones, existente o futuro.

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